Tomado de Quieroleer.com. El presente 2015 será un año contradictorio para la Biblioteca Nacional de España (BNE). En pocos meses contará con una ley específica, un marco con que cuentan tan solo otras dos instituciones culturales (los museos del Prado y Reina Sofía), que saldrá adelante con notable consenso político —el proyecto de ley cosechó el apoyo de todos los grupos, salvo Izquierda Plural y UPyD, que se abstuvieron—. Pero el espaldarazo legal coincide también con una situación de intenso estrés económico, tras soportar desde 2008 un recorte del 43,6% en su presupuesto, que se traduce en falta de personal y recursos menguantes para digitalizar o adquirir fondos.
A diferencia del Prado y del Reina Sofía, que han mejorado sus cuentas, el Gobierno ni siquiera le ha concedido un respiro este año —la BNE vuelve a perder dinero—, en el que sí le otorgará la emancipación jurídica y le restituirá su rango de dirección general, perdido con el Ejecutivo de Zapatero. “No se trata solo de una cuestión administrativa ni de organigrama; se trata de respeto, de consideración y de posición”, defendió la diputada popular Ascensión Figueres en la Comisión de Cultura del Congreso, durante el debate del proyecto de ley. Allí mismo, el socialista Federico Buyolo incidió en la insuficiencia económica: “Es como salir a correr con los pies atados”.
Ana Santos, la directora de la institución, rehúye hacer un discurso catastrofista sobre el efecto de los recortes: “No tiene impacto sobre el funcionamiento cotidiano por el compromiso de la plantilla”. Admite, sin embargo, que afecta a la compra de patrimonio bibliográfico o a la digitalización, ralentizada tras años de hiperactividad gracias a los 10 millones que Telefónica puso entre 2008 y 2013, que permitieron digitalizar 122.133 títulos.
