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Por las sendas de El Ubérrimo

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INTRODUCCIÓN

Hace cinco años salió al público A las puertas de El Ubérrimo. Un sencillo relato sobre cómo se había desarrollado el paramilitarismo armado y político, ante la mirada de todos, en el departamento de Córdoba: el despojo de las tierras campesinas y de los pequeños propietarios por parte de unos pocos clanes, las masacres de la casa Castaño, la aparición en los clubes sociales de los ‘jefes de las autodefensas’, convertidos en héroes por las élites; el asesinato de los líderes campesinos, sindicalistas, maestros y periodistas que se oponían a ellos; el sometimiento de las instituciones a la voluntad del nuevo poder armado. Todo eso, visto desde el pórtico de El Ubérrimo, una extensa hacienda perteneciente al entonces presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, la cual, por aquellos años, se había convertido en la sede subsidiaria de gobierno a la que el primer mandatario se retiraba con su familia de vez en cuando[1].

Parecía imposible que, en ese tiempo, el presidente de la República no conociera lo que estaba sucediendo en su entorno inmediato. ¿No leía en El Meridiano de Córdoba las noticias de las masacres de campesinos? ¿Ignoraba que el clan Mancuso controlaba la ciudad de Montería y que era dueño de numerosos negocios, restaurantes y concesionarios de autos? ¿No sabía, acaso, que en pleno centro de la ciudad se había construido un monumento que Carlos Castaño denominaba como un homenaje a ‘las autodefensas’? ¿No conocía que a pocos kilómetros de El Ubérrimo, en otras fincas, los paramilitares habían instalado sus centros de entrenamiento y exterminio? ¿Desconocía el pasado y el presente de sus amigos comerciales y políticos que eran miembros activos de las AUC?

La constatación obvia que hacíamos era que, siendo el paramilitarismo un poder omnipresente y omnímodo en la sociedad cordobesa, nadie y menos alguien que tuviera el rango de jefe de Estado, podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Es más, difícilmente alguno de los grandes terratenientes y ganaderos de la región estaba en condición de abstraerse de ese poder emergente (como lo afirmaron en sus versiones ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía los propios jefes paramilitares y según la declaración de Salvatore Mancuso ante las autoridades en mayo de 2007).

En ese texto hacíamos un recuento detallado de las situaciones en las que Álvaro Uribe, como gobernador de Antioquia, candidato o presidente, aparecía relacionado con paramilitares y narcotraficantes, bien fuera en eventos públicos (como lo testimoniaban las fotografías de la sección de sociales de El Meridiano de Córdoba) o por los confesos nexos de sus principales allegados, o por la financiación y el apoyo electoral a sus campañas.

Han pasado varios años después de haber escrito esa crónica. Los hechos evidenciados en ella han sido corroborados de múltiples formas y a ellos se han sumado otros nuevos. En el presente relato mostramos otros tres que han sido objeto de la labor desempeñada en el Congreso, a través del control político que hemos debido ejercer para garantizar que, al menos, sean investigados por las entidades competentes. En primer lugar, las declaraciones hechas por dos paramilitares sobre la estructura paramilitar conocida como Bloque Metro y sus presuntos orígenes en la hacienda Guacharacas, de propiedad de Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago. En segundo lugar, sobre la acumulación de tierras que la familia Uribe Moreno y sus amigos han practicado en los alrededores de El Ubérrimo y sobre la construcción de obras con fondos públicos que han beneficiado al expresidente y su familia. En tercer lugar, sobre el caso de los dos jefes de seguridad del exmandatario que terminaron involucrados con el narcoparamilitarismo, son ellos los generales (r) de la Policía Mauricio Santoyo y Flavio Buitrago.

A diferencia de los eventos tratados en ‘A las puertas de El Ubérrimo’, en estos últimos hechos, el exgobernador y expresidente Álvaro Uribe Vélez no aparece solamente como un espectador distante y distraído de una realidad incontrovertible. En las situaciones que examinamos en el Congreso de la República, Álvaro Uribe sería protagonista y sujeto de decisiones esenciales, o por lo menos de eso que se le acusa: haber fundado por venganza una agrupación armada que azotó con sus masacres y crímenes selectivos a varias poblaciones del nordeste antioqueño; haber llevado al Palacio de Nariño a generales de la Policía que estaban al servicio de capos narcoparamilitares; haberse apropiado de tierras destinadas a los labriegos de Córdoba y lucrarse con los dineros públicos a través del abuso de su enorme poder como jefe de Estado.

Tales denuncias nos han valido amenazas y una investigación disciplinaria en curso que adelanta el Procurador General de la Nación, con la cual pretende (como ha ocurrido en otros casos, decretar la destitución y la inhabilidad política). Ese es el precio que, lamentablemente, se debe pagar hoy en nuestro país si se quiere desvelar la verdad, tan celosamente silenciada por la forma en que se ejerce el poder político.  



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